Ciudad de México, 24 de octubre de 2023.- Una ola de descontento se apoderó de las inmediaciones del Senado de la República este martes, cuando trabajadores del Poder Judicial de diversos estados del país se congregaron para expresar su rechazo a la reciente ratificación de la desaparición de 13 fideicomisos vitales para el ámbito judicial.
Los manifestantes, compuestos por personal operativo y administrativo, junto con jueces y magistrados, alertaron que la eliminación de estos fideicomisos, que administran cerca de 820 millones de dólares, no solo comprometerá sus salarios y prestaciones laborales sino que también socavará el correcto funcionamiento del sistema judicial, crucial para la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos.
Este movimiento de protesta coincide con las reuniones que Jesús Gilberto González, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, ha estado sosteniendo con senadores responsables de votar la minuta proveniente de la Cámara de Diputados. En un ambiente ya tenso, los trabajadores han lanzado una advertencia clara: están preparados para intensificar sus protestas si la situación no evoluciona a su favor.
La inquietud no se limita a la capital del país. De hecho, se ha convocado a trabajadores judiciales a manifestarse en estados como Chihuahua, Campeche, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Zacatecas. Este conjunto de acciones responde a la aprobación de la controvertida iniciativa el 18 de octubre en la Cámara de Diputados, que vio 259 votos a favor – principalmente de Morena, el Partido del Trabajo (PT), y el Partido Verde Ecologista de México – y 205 en contra de la oposición.
El recorte en el financiamiento, según los trabajadores del sector, podría desencadenar una crisis en la judicatura, afectando a miles de empleados y, por extensión, comprometiendo la calidad y eficiencia del sistema judicial. Estas manifestaciones, tanto en la Ciudad de México como en diversos estados de la República, son un llamado urgente a repensar las medidas y proteger la integridad judicial del país.
