En el panorama legislativo mexicano, una propuesta del diputado de MORENA, Emmanuel Reyes Carmona, ha desatado un debate considerable. La propuesta, enfocada en las cirugías estéticas y reconstructivas, plantea una reforma a la Ley General de Salud, exigiendo que los profesionales de este campo posean certificaciones de especialización para ejercer. A primera vista, esta iniciativa parece una respuesta a la creciente problemática de prácticas quirúrgicas realizadas por personal no calificado, como el lamentable caso de Sandy Aguilera, una periodista afectada por biopolímeros.
Reyes Carmona ha enfatizado la necesidad de cerrar el paso a los charlatanes y proteger a los pacientes de malas prácticas. Sin embargo, un análisis más profundo revela una faceta preocupante de esta propuesta. La reforma sugerida por el diputado podría resultar en un monopolio de la certificación en manos del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva A.C., una entidad privada. Esta situación convertiría a la institución en la única habilitada para certificar a los cirujanos estéticos, poniendo en riesgo la accesibilidad y democratización de la educación y formación en este campo médico.
El temor latente es que, de aprobarse esta ley, se privatizaría indirectamente el sector de la cirugía estética en México. Esto no solo limitaría la competencia, sino que también podría inflar artificialmente los costos de los servicios médicos relacionados, afectando a los pacientes y beneficiando económicamente a los miembros del Consejo. La pregunta que surge es: ¿Cuánto valdría este monopolio? ¿Estamos ante un escenario donde unos pocos se enriquecerían a costa de la salud y el bienestar de la mayoría?
La propuesta de Reyes Carmona, aunque surgida de una intención de regular y salvaguardar la calidad de las cirugías estéticas, parece estar en una fina línea entre la protección al paciente y la creación de un mercado exclusivo y cerrado. Con la Comisión de Salud del Senado presionada para aprobar la iniciativa, es fundamental un debate profundo y transparente sobre las consecuencias a largo plazo de esta reforma, no solo para los profesionales del sector sino para toda la sociedad mexicana.
