Ciudad de México, 15 de enero de 2024 – Un informe reciente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha puesto de manifiesto una alarmante tendencia: los agentes del Ministerio Público (MP) son los funcionarios más sancionados por faltas administrativas y actos de corrupción.
Durante 2023, la Fiscalía sancionó a 77 funcionarios públicos, de los cuales 62 eran agentes del MP, representando un preocupante 80.5%. Esta cifra sigue una tendencia constante observada desde 2021, donde los agentes del MP han constituido la mayoría de los sancionados cada año.
Las sanciones impuestas van desde suspensiones y amonestaciones públicas hasta inhabilitaciones en casos extremos. Estas medidas son resultado de investigaciones llevadas a cabo por el Órgano Interno de Control de la Fiscalía, encargado de supervisar las actividades de los servidores públicos.
Un caso destacado involucra al agente Juan Antonio Trujillo Carrillo, quien fue suspendido por 30 días por no solicitar grabaciones de cámaras privadas. Otro ejemplo es el agente Carlos Vargas Rodríguez, sancionado con una suspensión de tres días por omitir firmar documentos importantes.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública revela una percepción negativa de los MP por parte de la ciudadanía, considerándolos la segunda autoridad de seguridad más corrupta en la Ciudad de México, con un 81.7% de los encuestados expresando esta opinión.
Alejandra Hernández, investigadora del programa de justicia de México Evalúa, destacó la importancia crítica de los agentes del MP, ya que son responsables de decidir si una denuncia ciudadana constituye un delito y de guiar el curso de las investigaciones. A pesar de que la Ciudad de México cuenta con una proporción favorable de agentes del MP por caso, los resultados en términos de judicialización son decepcionantes. Sólo el 3.7% de los casos en la Ciudad de México resultan vinculados a proceso, una cifra inferior al promedio nacional de 4.3%.
La situación plantea serias preocupaciones sobre la efectividad y la integridad de la Fiscalía, especialmente en lo que respecta a la Unidad de Asuntos Internos, que parece luchar por implementar cambios significativos con las regulaciones de la extinta Procuraduría General de Justicia.
Este panorama desafiante subraya la necesidad urgente de reformas y mejoras en el sistema de justicia penal de la Ciudad de México, donde la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas deben ser prioritarias para restaurar la confianza pública en las instituciones encargadas de mantener la ley y el orden.
