San Luis Potosí a 12 de marzo, 2024.- En un giro dramático de los eventos, Fernando Medina, conocido por su alias “El Tiburón”, encontró un final violento a las afueras de un gimnasio en San Luis Potosí, marcando un abrupto cierre a una serie de acciones que capturaron la atención del público y las redes sociales hace casi un año. Medina, quien había ganado notoriedad por agredir brutalmente a un joven trabajador de una tienda Subway, dejándolo con heridas graves, fue asesinado en un acto que resalta la persistente violencia y las complejidades del sistema de justicia.
El incidente que puso a Medina en el ojo público ocurrió el pasado 1 de agosto, cuando, en un acto de violencia inusitada, irrumpió en el área de cocina de un restaurante Subway y agredió a un empleado menor de edad. El ataque, captado por cámaras de seguridad, dejó al joven con una fractura de nariz e inflamación cerebral, desatando una ola de indignación en redes sociales y entre la ciudadanía.
Después de pasar solo cuatro meses en prisión, Medina fue liberado en diciembre de 2023, gracias a una suspensión condicional del proceso. Este desenlace legal, que siguió a una audiencia en la que la defensa logró la reclasificación del caso originalmente presentado como homicidio calificado en grado de tentativa agravada, ha generado debates sobre la eficacia y equidad del sistema de justicia penal en México.
El asesinato de Medina a las afueras de un gimnasio, un lugar que frecuentaba, no solo cierra el capítulo de su vida marcada por la violencia, sino que también subraya la omnipresente sombra de la violencia en la sociedad mexicana. Este acto final, lejos de ofrecer soluciones, plantea interrogantes sobre los ciclos de violencia y la búsqueda de justicia fuera de los marcos legales.
La muerte de “El Tiburón” invita a una reflexión profunda sobre el estado de la justicia y la seguridad en México. Mientras las autoridades continúan investigando este asesinato, la sociedad se enfrenta al desafío de buscar soluciones duraderas a la violencia que afecta a sus ciudadanos, cuestionando la efectividad de sus instituciones y el papel de la comunidad en la prevención de estos actos.
